Javier Milei intenta censurar a los manifestantes argentinos
La funcionaria del gobierno, Patricia Bullrich, emite un “protocolo para el mantenimiento del orden público” y amenaza con represalias contra aquellos que piquetean y bloquean las autopistas. Protestas convocadas por líderes de oposición.
“Este nuevo contrato social nos propone un país distinto, un país en el que el Estado no dirija nuestras vidas, sino que vele por nuestros derechos”, escribió el presidente argentino Javier Milei en su discurso inaugural el pasado domingo (10/12), lanzando la advertencia. La nación que lo hace termina pagando la factura. En nuestra nación, la ley no protege a aquellos que violan los derechos de sus semejantes bloqueando calles. Justo seis días antes de la manifestación inicial contra los recortes presupuestarios, planificada por la organización Polo Obrero, Patricia Bullrich, ministra de seguridad, emitió un “protocolo para el mantenimiento del orden público” y amenazó con “habrá consecuencias” para los manifestantes. En adelante, el gobierno no tolerará a los manifestantes que bloqueen autopistas o piquetes que restrinjan la libertad de movimiento de los argentinos; en su lugar, recurrirán a la fuerza contra ellos. Además, los adultos que lleven a menores de edad a manifestaciones podrían enfrentar consecuencias. Habrá una excepción al protocolo de Bullrich para maratones organizadas por empresas privadas y festivales religiosos.
Argentina: Se implementan las políticas económicas de Milei
Eliminando la prohibición del nepotismo, Milei nombra a su hermana secretaria general.
“Para llevar a cabo estas medidas, utilizaremos la fuerza mínima necesaria y suficiente, que será graduada proporcionalmente a la resistencia”, señaló Bullrich. En caso de cualquier tipo de cierre de carreteras, piquetes o bloqueos, parciales o completos, las cuatro fuerzas federales y el servicio penitenciario federal intervendrán para ayudar. La legislación debe cumplirse en su totalidad o en parte, continuó. Deben ser conscientes de que hay repercusiones por salir a las calles. La ministra reafirmó que el plan del gobierno para restablecer el orden permitirá que la población viva en armonía. La declaración de Bullrich se realiza justo antes del 22º aniversario de la brutal represión de las manifestaciones contra la administración del ex presidente Fernando de la Rúa. Hubo 38 fallecidos y la renuncia del presidente como resultado de las manifestaciones en la Casa Rosada que ocurrieron entre el 19 y el 20 de diciembre de 2001.
Líderes de izquierda ya han puesto en duda la constitucionalidad del protocolo de Bullrich y han anunciado planes para marchar por el corazón de Buenos Aires el próximo miércoles 20 con una multitud de alrededor de 50,000 personas. Su oposición a las políticas del gobierno es lo que realmente les molesta. Ven la “libertad de movimiento” como un completo mito. Las acciones del gobierno tienen un impacto significativo en las situaciones de vida de millones de personas, por lo que los pronunciamientos de Bullrich son urgentes y serios, según Myriam Bregman, legisladora y ex candidata presidencial, tal como lo afirma el diario Clarín. “Preferiría violar la Constitución que expresar descontento”. Una “provocación” y un “plan de guerra contra el pueblo” fueron criticados en una conferencia de prensa por el Partido Obrero. Junto con reiterar que la libertad de protesta está protegida por la Constitución, también se confirmó la manifestación del 20 de diciembre.
Sergio Eissa, doctor en ciencias políticas y profesor adjunto de defensa y seguridad internacional en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, explicó a Correio que las protestas populares, ya sean a favor o en contra, se originan a partir de una creencia en una democracia sólida. Tan importante como emitir un voto cada dos años es la capacidad de reunirse pacíficamente en una sociedad democrática. Pero el fenómeno de los piquetes en Argentina en la década de 1990 sigue sin resolverse. El derecho a la libre circulación y protesta no se ha visto restringido frente a la implementación de políticas neoliberales, agregó. Bullrich no proclamó una prohibición de la protesta; más bien, afirmó que las manifestaciones en las aceras serían permitidas. Cómo se desarrollará esto y las reacciones de los grupos sociales aún están en el aire, dijo. Argentina, dice, tiene una historia de agitación social que se remonta a la década de 1990.
Los efectos de las protestas en el tráfico afectan a una parte considerable de la sociedad argentina, especialmente en Buenos Aires, como reconoce Eissa. Dado que Argentina también es una república federativa, el experto de la UBA argumenta que Bullrich solo puede ejecutar su plan utilizando tropas federales y dentro de propiedades federales, incluidas las carreteras. Será importante coordinar la reacción con la administración de Buenos Aires y sus políticas en el caso de Buenos Aires. También es imperativo que otras provincias sigan el ejemplo de sus gobiernos y fuerzas policiales.
